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Rueda de prensa en Valdepeñas del diputado regional del PP y miembro de la Comisión de Educación de las Cortes Regionales, Miguel Ángel Rodríguez

· Advierte que la Ley Celaá supone un ataque directo a la libertad de elección de los padres así como un torpedo a la escuela concertada y a la educación especial, también en Valdepeñas

· Asegura que el PP recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional y anima a los valdepeñeros a participar en la concentración del domingo en Ciudad Real organizada por la Plataforma + plurales

18 de noviembre de 2020.- El diputado regional del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real y miembro de la Comisión de Educación de las Cortes Regionales, Miguel Ángel Rodríguez, ha declarado hoy en Valdepeñas que la enmienda que se aprobó el viernes pasado en el Congreso de los Diputados del dictamen de la nueva Ley Educativa “es un ataque directo a nuestra Constitución española, en concreto al artículo 3 que dice que ‘el castellano es la lengua oficial del Estado’, y es , además, ataque al castellano como lengua vehicular en materia educativa, ya que pretende que pierda la categoría de lengua oficial en nuestro sistema educativo, por lo que supone un triunfo del separatismo lingüístico de cara a obtener el apoyo de los separatistas a las cuentas públicas para 2021”

Rodríguez, que ha indicado “que la semana pasada se escribió una página infame en la historia de España”, ha recordado también que la nueva ley de Educación “nace fuera de todo diálogo, fuera de todo consenso y habiéndose saltado trámites importantes como el informe del Consejo de Estado”.

Asimismo, considera que en estos momentos en los que nos encontramos todavía luchando contra el coronavirus no es el mejor momento para tramitar una nueva ley de educación, “porque la salud y la lucha contra el coronavirus debe centrar todos los esfuerzos del Gobierno”, recalca Rodríguez.

Para el diputado regional la nueva Ley Educativa “también es un ataque directo a la libertad de las familias respecto al modelo educativo que quieren elegir y supone un ataque directo a la educación concertada, donde históricamente y en base a nuestro sistema constitucional han convivido perfectamente a lo largo de la historia la educación pública y la concertada, y con esta ley se pretende dejar atrás a dos millones de alumnos, algo que es inconcebible “.

El parlamentario regional ha destacado igualmente , que la Ley Celaá supone también un ataque a la Educación Especial, recordando al respecto, “que en nuestra provincia tenemos importantes centros de Educación Especial que cumplen una labor y una función social extraordinaria, de máxima calidad y que es una oferta directa a la libertad de elección de los padres que quieren optar por este modelo para los hijos que necesitan esta Educación Especial”.

En este punto , y por lo que en concreto afecta a Valdepeñas, ha señalado que en la localidad, existen cuatro centros concertados (Ntra. Sra. de los Dolores, San Agustín, Santísima Trinidad y Virgen de la Cabeza (este último de carácter aconfesional) y también existe un CEE (el “Mª Luisa Margati”) “que está condenado a la desaparición con esta ley del PSOE y de PODEMOS “.

Por ello, ha explicado que el Partido Popular va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional “porque no podemos consentir ese ataque que se quiere hacer para que el castellano deje de ser la lengua vehicular del país en nuestro sistema educativo. Tampoco podemos consentir ese ataque a la libertad de elección de las familias y del modelo educativo que quieren para sus hijos”. Y por supuesto, “el Partido Popular derogará le ley nociva nada más llegar al Gobierno” concluyó Rodríguez.

Así mismo, el diputado regional ha animado a todos los valdepeñeros a que acudan este domingo en Ciudad Real a la concentración organizada por la Plataforma + Plurales en defensa de la educación concertada, la educación especial y la libertad de elección de centro.

Por su parte, Cándida Tercero, portavoz del PP en Valdepeñas, anunció que su grupo llevará al próximo pleno del Ayuntamiento una moción pidiendo al Gobierno de España que paralice la tramitación de la Ley Celaá “para que se haga desde el consenso y buscando de verdad una mejora de la educación en toda España”.


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