El PP ha vuelto a defender en el Congreso de los Diputados el papel presente y futuro de las diputaciones provinciales, que quiere reforzar con la reforma de la administración local que ha planteado el Gobierno, mientras el PSOE le ha exigido de nuevo que retire esta iniciativa si quiere dar pie al acuerdo.
Los 'populares' se han manifestado este martes en contra de la tramitación en el Congreso de una proposición de ley del BNG para reformar la ley de bases de régimen local y abrir paso a la supresión de las diputaciones en su concepción actual, para que sean incluidas en la estructura institucional de las comunidades.
En el Pleno del Congreso de este martes han expresado su apoyo a la tramitación el PSOE, CiU, Izquierda Plural e UPyD, frente al rechazo del PP.
El portavoz 'popular', José Alberto Martín-Toledano, ha entendido el interés de los partidos nacionalistas por que desaparezcan las diputaciones, pero no el de los socialistas, que en 2011 rechazaron una iniciativa similar a la que hoy respaldan porque entonces gobernaban en 21 diputaciones "y ahora, en 8", mientras el PP ha pasado a gobernar 26. "No hay más razón", ha interpretado.
Martín-Toledano ha defendido la definición constitucional de las provincias y las diputaciones. A su juicio, el objetivo real del BNG es mantener las instituciones, pero que dependan de las comunidades y cambiar también el régimen de financiación local para que las autonomías controlen y fiscalicen a los ayuntamientos. "Pretenden que la comunidades confisquen la participación en los tributos del Estado y los repartan como les dé la gana. Eso es un atentado a la autonomía de los ayuntamientos", ha dicho.
Por último, ha censurado que algunos de los portavoces que esta tarde en el Congreso se han expresado en contra de las actuales diputaciones provinciales hayan pertenecido a las mismas, como la diputada del BNG Rosana Pérez o del PSOE Ximo Puig, sin mostrar entonces "ningún reparo".
REPENSAR EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES
El socialista Ximo Puig ha considerado sin embargo esta propuesta como "una buena oportunidad para repensar el papel de las diputaciones" y ha vuelto a censurar el anteproyecto de reforma local planteado por el Gobierno. Puig ha exigido al Ejecutivo que retire su propuesta si quiere darle una oportunidad al acuerdo.
El diputado ha argumentado en contra de las diputaciones. El sistema actual, ha dicho, es fruto de la Transición, que hizo convivir instituciones del siglo XIX con las del XXI, pero el modelo ya no sirve para el XXI.
A su juicio, el sentido de las diputaciones en su origen se ha perdido, "es anacrónico". Primero, porque son instituciones de elección indirecta; segundo, porque los ayuntamientos "son mayores de edad y no necesitan tutelas, sino competencias claras y financiación adecuada"; y tercero, porque su trabajo lo pueden asumir o comunidades o ayuntamientos.
"Es una obligación ética optimizar los recursos que son y serán por mucho tiempo escasos", ha dicho el diputado. "Son a menudo meros entes subvencionadores, con recursos que obtienen de otras administraciones, un papel prescindible", ha concluido. Y ha aportado también datos: 2.000 de los 6.500 millones de euros que gastan las diputaciones se destinan a personal.
"CLIENTELISMO INACEPTABLE"
Rosana Pérez, portavoz del BNG, ha defendido la proposición de ley de su grupo para suprimir las diputaciones provinciales y traspasar la mayoría de sus funciones a los ayuntamientos o a las comunidades, en dirección contraria de lo que plantea el Gobierno.
La diputada ha criticado que las diputaciones sean un cuarto nivel administrativo desde que nacieron las autonomías. "Resulta a todas luces inexplicable este modelo, el mantenimiento de instituciones que entran de lleno en competencias otorgadas a las comunidades hace muchos años y que en muchos territorios siguen sirviendo para reproducir un clientelismo inaceptable", ha dicho.
Rosana Pérez ha subrayado también que los diputados no son designados por los votantes directamente, cuando a su juicio es "el momento de poner en valor" las instituciones en las que los representantes públicos son elegidos por los ciudadanos.
De los casi 7.000 millones que gestionan las diputaciones, el 63% es gasto corriente, según la diputada nacionalista. "Son las administraciones que menos dedican a inversión", ha dicho. "Tienen que mantener su propia estructura mastodóntica", ha agregado, para poner como ejemplo la diputación de Orense, primera empresa de la provincia en número de trabajadores, ha dicho, y cuyo expresidente José Luis Baltar será juzgado por presunta prevaricación al contratar a un centenar de personas.
Por parte de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha compartido la necesidad de suprimir las diputaciones si se busca la racionalización de las administraciones públicas, porque son además "guarida" del "clientelismo". "Es un escándalo los recortes en políticas sociales, en economía productiva, en I+D, etc, mientras se mantiene un gasto injustificable en instituciones que vienen de otro siglo y pertenecen a una estructura administrativa diferente".
Carles Páramo, de CiU, ha comprendido las urgencias de los grupos por impulsar alguna reforma local ante la lentitud del Gobierno, que ha presentado un anteproyecto a su juicio lleno de errores.
Fuente EURAPA PRESS
