Fúnez y Belda explican la necesidad de acoger a personas migrantes, pero dentro de los compromisos de sostenibilidad marcados por la UE

27 de febrero de 2026.- Los diputados del Partido Popular de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han informado de “la preocupación y tristeza” que produce la utilización, por parte del PSOE, del fenómeno necesario de la emigración para tapar los escándalos que rodean al presidente del Gobierno y la pérdida de confianza de la Unión Europea en la palabra y maneras de Sánchez.

Los diputados ciudadrealeños han informado que nunca la población inmigrante tuvo un peso tan grande en el total de la población: según datos del INE, a 1 de enero de 2025, residían en España 49.442.844 personas, de las cuales 7.132.324 (14,4%) tenían nacionalidad extranjera. Sólo en los últimos 7 años (2017-2025), la población extranjera de nuestro país ha aumentado en 2,5 millones de personas. “Nunca hubo tantas personas en situación irregular. Según datos recientes de Funcas, a día de hoy, residen en España 840.000 inmigrantes en situación irregular, frente a los 107.000 de 2017. Nunca tampoco se había planteado una regularización de tanto alcance, no solo por el número de personas que podrían ser regularizadas, sino también por los previsibles efectos en cadena que podría desencadenar, al abrir la puerta a nuevas regularizaciones a través de la reagrupación familiar”, han expuesto.

Señalan que el Partido Popular viene denunciando durante este mes de febrero, tras el anuncio de regularización masiva, que el Gobierno siga utilizando el BOE como herramienta electoral, instrumentalizando la situación de vulnerabilidad administrativa y precariedad legal de cientos de miles de personas, para una operación de rentabilidad política y clientelismo. “El Gobierno ha sacado esta cuestión del debate parlamentario porque sabía que no contaba con los apoyos necesarios en el Congreso, optando por una vía extraordinaria por pura supervivencia política del presidente”, han denunciado. “Han evitado deliberadamente el control parlamentario para impedir a los grupos que fijen su posición y mostrar, así, la ausencia de consenso político para una medida de semejante calado”.

Afirman Fúnez y Belda que la medida de regularización masiva ha desatado todas las alarmas de los responsables de la política migratoria en Europa, porque se adopta sin poner freno a las causas que llevan a los inmigrantes a incumplir la ley, ya que, según explican, no se puede regularizar sin reforzar de manera efectiva el control de fronteras ni los medios administrativos y judiciales necesarios para garantizar la tramitación de los expedientes de residencia o retorno, la verificación de antecedentes penales y la aplicación homogénea de la legalidad vigente. Según datos de Eurostat, en 2024, de las 51.030 órdenes de retorno dictadas, únicamente 8.725 fueron efectivamente ejecutadas, lo que supone una tasa de cumplimiento del 17%, reflejando un sistema de retornos estructuralmente ineficaz. “Supone un agravio comparativo para la gente que ha venido a España con sus papeles en regla y respetando las normas y carece de todo sentido que el Gobierno anuncie que tramitará en sólo tres meses la regularización de cientos de miles de personas, sin un control efectivo y sustituyendo comprobaciones esenciales, mientras que las vías legales para obtener una autorización de trabajo en España siguen siendo lentas, burocráticas, restrictivas y limitadas en la práctica a supuestos muy concretos, (como el de camarero de buque o deportista profesional)”, han alertado.

Censuran que, “como viene siendo habitual en toda la gestión del PSOE desde 2018”, sea el campo que sea, la medida no va acompañada de una memoria de impacto económico, presupuestario ni de capacidad de los servicios públicos, y eso desplaza, una vez más, a las comunidades autónomas, las entidades locales y, en última instancia, los ciudadanos, los costes derivados de sanidad, educación, servicios sociales y tramitación administrativa, sin financiación ni planificación previa.
Datos frente a mentiras y utilización de la necesidad

A este respecto, recuerdan que, en 2025, más de 550.000 inmigrantes en España recibían ayudas públicas sin poder trabajar. Además, los servicios sociales, como la sanidad, están colapsados: según el último dato del Ministerio de Sanidad (diciembre de 2024), hay 840.000 personas en lista de espera en el Sistema Nacional de Salud. Lo mismo sucede con el mercado de la vivienda: según el Banco de España, hay un déficit de 700.000 viviendas. Además, explican que no es sólo un problema de servicios: la falta de política migratoria tensiona los barrios y aumenta la inseguridad, pagando el coste los españoles, y también los inmigrantes que sí cumplen. En la misma línea, mantienen que la regularización masiva, “como saben en toda la Unión Europea”, pone en riesgo la seguridad, al plantear una regularización indiscriminada que rebaja los controles sobre la identidad real de los beneficiarios y la comprobación de antecedentes penales, introduciendo riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana, tal y como por otra parte están denunciando los sindicatos policiales.

Asimismo, los diputados populares aseguran que Europa también reconoce que esta regularización refuerza el “efecto llamada”, pone en riesgo la vida de miles de personas que se lo juegan todo en el mar y hace que las redes de tráfico de personas se sigan lucrando, ya que envía la señal de que en España la permanencia irregular deriva automáticamente en regularización, lo que incentiva las entradas ilegales y los riesgos vitales asociados a estas rutas.

En este punto, los parlamentarios han informado que los cruces irregulares en las fronteras exteriores de la Unión Europea han caído un 38% en 2024 y un 26% adicional en 2025. Por ello, lamentan que, mientras descienden en toda Europa, en la ruta española del Mediterráneo occidental crecieron un 14% en 2025 respecto a 2024. “El radicalismo interesado de Sánchez nos enfrenta a Europa porque rompe la coherencia del Pacto Europeo de Migración y Asilo y sitúa a nuestro país como el coladero de la ilegalidad del espacio Schengen”, han aseverado.

Para finalizar, manifiestan Fúnez y Belda que “cuando un país actúa por su cuenta, paga toda Europa. Si las órdenes de retorno no se cumplen y acaban en papeles en un Estado miembro, el sistema europeo deja de ser creíble. Europa pide reglas claras y responsabilidad compartida; mientras, el Gobierno responde con excepciones unilaterales que nos convierten en el eslabón débil de la Unión”.