Ante la visita, esta semana, de una misión del Parlamento Europeo a España para examinar el Estado de derecho
20 de febrero de 2026.- Es la pregunta que se hacen los parlamentarios del Partido Popular por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, por la visita, que hubiera sido insólita años atrás, de una delegación de la eurocámara a España: “¡Y el Gobierno se negó a recibirles! España se suma a Hungría y Eslovaquia, por la creciente preocupación por la independencia judicial, la corrupción y la separación de poderes”, han lamentado los diputados.
Critican que Pedro Sánchez y sus ministros Bolaños y Marlaska rechazaran recibir a la misión de eurodiputados (pese a la petición de todos los grupos parlamentarios, incluidos los socialistas europeos) que acaba de marcharse de nuestro país tras analizar la situación del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales, en el marco de una misión del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), que llega en un contexto de creciente preocupación institucional. La misión, impulsada por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales (DRFMG), se produce tras los últimos informes europeos sobre el Estado de derecho, el aumento de los casos de corrupción y los reiterados avisos sobre los fallos en la independencia judicial en España.
Se trata de una visita de carácter excepcional, hasta ahora, solo se han realizado misiones de este tipo en Hungría y Eslovaquia, dos países sometidos a un escrutinio reforzado por parte de la Unión Europea. “Desde el Partido Popular subrayamos que el viaje del Parlamento Europeo como institución no ha sido protocolario, sino consecuencia directa de los problemas persistentes que presenta España en materia de separación de poderes, funcionamiento de la Justicia y control del poder ejecutivo” afirman.
Explican Fúnez y Belda que la delegación ha tenido reuniones al máximo nivel con diversos responsables de órganos del Estado, evaluando especialmente temas de independencia judicial. Sigue pendiente el cumplimiento íntegro del acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que incluía una posterior modificación legislativa comprometida para reforzar la elección de los vocales judiciales por los propios jueces, tal y como reclaman reiteradamente las instituciones europeas. También han contactado con asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, con expertos académicos y con personas del entorno de la televisión y la radio pública.
En materia de lucha contra la corrupción, los eurodiputados están analizando el retraso de España en la transposición de la directiva europea anticorrupción, que coincide con el elevado número de procedimientos abiertos contra el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También tendrán en cuenta los últimos datos que reflejan que España ha caído al puesto 49 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, con 55 puntos sobre 100, su peor resultado histórico.
“El anuncio de una estrategia anticorrupción por parte del Gobierno se produjo tras la imputación del número tres del PSOE, Santos Cerdán y, a día de hoy, no se ha presentado ningún calendario, contenido concreto ni medidas efectivas que permitan evaluar su puesta en marcha”, han concluido.
