En una rueda de prensa en Ciudad Real junto al concejal de Hacienda

12 de febrero de 2026.- El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Santiago Serrano, ha denunciado hoy en Ciudad Real que el canon del agua impuesto por el Gobierno de Emiliano García-Page “es un impuesto profundamente injusto que está esquilmando el poder adquisitivo de familias, comunidades de vecinos y empresas”.

Acompañado por el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, Serrano ha recordado que el Partido Popular ya logró paralizar este canon en la pasada legislatura y ha reiterado que “no existe ninguna normativa europea que obligue a su implantación”, como sostiene el Ejecutivo regional, ya que Castilla-La Mancha cuenta con cánones de aducción y depuración.

El dirigente ‘popular’ ha advertido además de que la recaudación está superando ampliamente las previsiones iniciales. Así, ha señalado que, frente a los 15 millones de euros previstos para 2025, la liquidación ha superado los 30 millones, y ha alertado de que en 2026 también podría ser muy superior a la estimación oficial. “Estamos ante una recaudación millonaria que sale directamente del bolsillo de los castellanomanchegos por algo tan básico como abrir el grifo, cocinar o mantener en funcionamiento un negocio”, ha afirmado.

Serrano ha criticado igualmente que el Gobierno regional obligue a los ayuntamientos a actuar como “meros recaudadores” de la Junta, generando además problemas de gestión municipal. En este sentido, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado preguntas dirigidas a la Consejería de Desarrollo Sostenible para conocer si el Ejecutivo regional está cumpliendo con la obligación de transferir a los ayuntamientos el 25 % de lo recaudado, tal y como establece la ley.

El portavoz adjunto ha enmarcado este canon dentro de lo que ha calificado como una “voracidad fiscal sin límites” del Gobierno de Page, recordando que Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor presión fiscal en el tramo medio del IRPF, mantiene impuestos como el de Sucesiones y Donaciones y ha perdido competitividad fiscal en comparación con otras regiones gobernadas por el Partido Popular.

Por todo ello, Serrano ha asegurado que “el Gobierno de Paco Núñez derogará este impuesto injusto en 2027” y pondrá en marcha una bajada generalizada de impuestos “ambiciosa”, con el objetivo de devolver a los castellanomanchegos “capacidad, libertad y oportunidades para desarrollar su proyecto de vida y empresarial sin la asfixia del socialismo”.

Finalmente, ha pedido a Emiliano García-Page que “deje de hacer negocio a costa de los ciudadanos y de los ayuntamientos” y atienda a la realidad económica de Castilla-La Mancha, una comunidad que, ha subrayado, “es la segunda comunidad más pobre del país y ha perdido más de un 13% de poder adquisitivo desde que gobierna Page, y donde familias y empresas no pueden soportar más carga fiscal”.

Por su parte, Guillermo Arroyo ha detallado el impacto concreto del canon en la capital, donde ya se han liquidado 1.347.000 euros que han sido transferidos íntegramente a la Junta de Comunidades, actuando el Consistorio únicamente como recaudador. Arroyo ha subrayado que este nuevo gravamen no supone una mejora del servicio, sino “un coste añadido” en la factura del agua que afecta directamente a miles de familias, autónomos y empresas.

De este modo, el concejal de Hacienda ha explicado que en el caso de los hogares de Ciudad Real, el canon supone una cuota fija media de 24 euros anuales, que con la parte variable puede alcanzar los 96 euros. Para los pequeños negocios, el impacto es aún mayor: una peluquería puede asumir un sobrecoste superior a 200 euros al año; un bar, alrededor de 300 euros; un restaurante, en torno a 600 euros; y un lavadero de coches, más de 1.500 euros anuales adicionales. “Es una medida desproporcionada que no tiene en cuenta la realidad económica de muchas familias ni de nuestro tejido productivo”, ha afirmado.

Arroyo ha criticado además que el canon no haya sido consensuado con los ayuntamientos ni garantice que los fondos recaudados reviertan proporcionalmente en las ciudades que los generan, lo que, a su juicio, supone “un retroceso en la autonomía local”. Frente a ello, ha reivindicado la política fiscal del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde el equipo de Gobierno ha bajado el IBI, ampliado bonificaciones a familias, incluidas las monoparentales, reducido el Impuesto de Construcciones y eliminado tasas y trabas urbanísticas, “en contraposición a la subida generalizada de impuestos que aplica el Gobierno regional”.