Fúnez y Belda dan a conocer la iniciativa parlamentaria del Partido Popular, con concretos compromisos económicos
• Reclaman los diputados populares revisar el estatuto jurídico patrimonial de las personas celiacas.
• Denuncia que no existe ninguna ayuda económica a nivel nacional para compensar los gastos derivados del único tratamiento que tiene esta situación.
29 de octubre de 2025.- La diputada y el diputado por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, creen que es una obligación revisar el estatuto jurídico patrimonial de las personas celiacas para que su situación no suponga un incremento del coste de su vida que les sitúe en situación de desigualdad y postergación. Carmen Fúnez, que es además la Vicesecretaria Nacional del Partido Popular encargada de cuestiones sanitarias y sociales, resalta que es una materia susceptible de proponer ayudas directas a personas o familias: “Hemos pedido a todos los partidos que dejen la gresca parlamentaria y apoyen la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que busca ofrecer una ayuda directa y reembolsable a quienes soportan el sobrecoste de la celiaquía”, declara.
Las personas que deben seguir una dieta sin gluten tienen un sobrecoste anual estimado de 977 euros en comparación con quienes no tienen esa necesidad. Una familia que tiene una persona celíaca en su casa tiene un sobrecoste anual que se suma a la preocupación del seguimiento en su régimen de alimentación y consumo que condiciona su vida ordinaria. Los diputados por Ciudad Real cuantifican la propuesta: “Esta ley implicaría 60 millones de euros al año, un coste totalmente asumible para un Estado que en el año 2024 ha tenido una recaudación tributaria récord cercana a los 300.000 millones de euros”, informan.
El Partido Popular denuncia que no existe ninguna ayuda económica a nivel nacional para compensar los gastos derivados del único tratamiento que tiene esta situación, que es una dieta estricta sin gluten, porque su tratamiento no está en un hospital, está en la despensa de sus casas: “A través de esta iniciativa legislativa proponemos también una deducción en el IRPF de hasta 600 euros por cada miembro de la unidad familiar que esté diagnosticado con la enfermedad celíaca así como la creación de un registro estatal de pacientes para garantizar la transparencia, el rigor y la justicia en el acceso a esta compensación económica”, plantean.
Para la diputada y el diputado es tan importante atender esta situación como que se efectúe con inmediatez. Si el Gobierno deja esta ley sin financiación, como ha sucedido durante largo tiempo con la deuda devengada por todos los pacientes de ELA durante más de un año (más de mil pacientes se han quedado por el camino por la falta de responsabilidad del Gobierno de Sánchez), se prolongará innecesariamente el tratamiento de esta necesidad personal y patrimonial de las personas afectadas.
