Según Fúnez y Belda, se demandan medidas continuas para evitar el riesgo de doble discriminación o discriminación múltiple

26 de diciembre de 2024.- Esta semana, gracias a la aprobación de una PNL del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se han aceptado diez puntos de promoción de las personas jóvenes con discapacidad en España.

La diputada y el diputado por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, que siguen especialmente, y muy de cerca, toda la problemática de este sector desde hace décadas, trasladan el mandato del Congreso al Gobierno para las siguientes cuestiones:

1. Promover campañas de concienciación social que combatan actitudes discriminatorias y prejuicios, fomentando la plena inclusión de la juventud con discapacidad en la sociedad.
2. Garantizar un marco de políticas públicas inclusivas con recursos suficientes para impulsar la participación social, política y cultural de los jóvenes con discapacidad.
3. Implementar programas de mentoría y liderazgo, empoderando a jóvenes con discapacidad para que asuman roles destacados en diversos ámbitos.
4. Fomentar espacios de participación inclusivos mediante redes de apoyo y organizaciones juveniles que promuevan su liderazgo en el cambio social.
5. Reducir el abandono escolar y combatir el acoso, formando al profesorado, mejorando las unidades de discapacidad en centros educativos y adoptando el diseño universal de aprendizaje.
6. Impulsar oportunidades laborales dignas que promuevan la estabilidad económica y la independencia, visibilizando capacidades y minimizando estigmas.
7. Facilitar la vida independiente, con medidas económicas que aborden costes de productos esenciales, tratamientos y tecnologías, e impulsando la asistencia personal.
8. Mejorar el transporte público entre la periferia y los centros urbanos para fomentar el acceso a zonas donde la vivienda es más asequible.
9. Garantizar la accesibilidad en el uso de la inteligencia artificial, asegurando que incluya las necesidades de las personas con discapacidad desde su diseño.
10. Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre inclusivas, que favorezcan la socialización y el bienestar de los jóvenes con discapacidad.

“Es tan obvio este enfoque, que cuesta trabajo creer cómo se producen avances tan escuetos cuando toda la sociedad y la clase política comparte estos retos”, comentan los diputados. Asimismo, señalan que “a diferencia de lo que ocurre con otros enfoques integrales, en el ámbito de la juventud con discapacidad la desorganización de planteamientos entre distintas administraciones limita la efectividad de muchas de estas medidas que llevan décadas potenciándose aisladamente”.

Explican Fúnez y Belda que los datos más recientes revelan que hay 233.654 personas entre 18 y 34 años con un grado de discapacidad reconocido, un 6,9% de la población española. Un elevado número de personas que, según denuncian, no son incluidas en igualdad de condiciones en la sociedad, a quienes se les vulneran derechos recogidos ya no solo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, sino en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás normativa, tales como el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad; el derecho a la participación en la vida política y pública o en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, entre otros.

En esta misma línea, los diputados populares apuntan que son muchos los desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en relación con la participación juvenil. Entre los principales, destacan la falta de concienciación social; la falta de accesibilidad, que restringe su movilidad y sus oportunidades de acceso a la información y con ello de interacción social, y la desigualdad de acceso a la educación, al empleo, a la cultura, al deporte y a otras actividades sociales.

Asimismo, han continuado, deben afrontar la insuficiencia de espacios participativos vinculados con los procesos de toma de decisiones, tales como foros y encuentros; la dispersión geográfica; la inexistencia de información y datos que reflejen su situación y la insuficiencia de políticas enfocadas a potenciar el activismo juvenil y el empoderamiento de la juventud con discapacidad. Se trata de desafíos que impiden el libre ejercicio de sus derechos fundamentales y exacerban su exclusión social.

Denuncian Fúnez y Belda que “el desinterés y la falta de compromiso con el mundo asociativo, promovido por el individualismo actual y la desconfianza en el sistema, origina un desapego de las causas colectivas; al igual que lo hace la falta de apoyos, oportunidades y las barreras, los prejuicios y los estigmas sociales sobre la discapacidad”. A ello se unen otros factores como la falta de autoconfianza, las inseguridades, la sobreprotección y la infantilización, la falta de motivación, incentivada por la sensación de menosprecio y paternalismo, y por la percepción generalizada de que el movimiento asociativo y las vías existentes de participación son poco útiles e ineficaces, lo que añade una capa adicional de frustración.

Han concluido lamentando que “las personas jóvenes con discapacidad no sienten que sus demandas sean ni estén representadas ni tenidas en cuenta por los responsables de la toma de decisiones en particular, ni por la sociedad en general. Todos estos factores también tienen sus consecuencias negativas para el movimiento organizado y activo de la juventud”.