Fúnez y Belda demandan al ministro del Interior que los agricultores y ayuntamientos no sustituyan la falta de medios del Estado

· Consideran el incremento de la inseguridad en el medio rural “un síntoma más del deterioro de los servicios públicos que presta la Administración General del Estado”

· Lamentan que para sustituir la “ineficacia” del Gobierno las administraciones locales y provinciales destinen recursos a labores policiales de vigilancia y prevención cuando podían dedicar esos fondos a labores más propias de su competencia

2 de noviembre de 2023.- Los diputados del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, ante el incremento de la inseguridad en el medio rural durante la presente y la pasada legislatura, lo que consideran como “un síntoma más del deterioro de los servicios públicos que presta la Administración General del Estado”, han preguntado al ministro Marlaska, mediante escrito registrado en el Congreso de los Diputados, si se van a incrementar los efectivos dependientes del Ministerio del Interior en la provincia de Ciudad Real o si se va a reestructurar algún servicio para dedicar más medios a la prevención de los robos en las explotaciones rurales de esta circunscripción.

Y es que, a juicio de los diputados “populares”, la congelación de dotaciones en medios humanos, acentúa la sensación de abandono que perciben las personas que viven en las pequeñas localidades, sin que los poderes públicos hagan otra cosa que admitir la necesidad de luchar contra la despoblación, “al tiempo que no responden ante los problemas concretos que la generan”, han aseverado.

Además, apuntan que, cuando los “amigos de lo ajeno” entran en las explotaciones agrícolas para llevarse desde los frutos de cada temporada a aperos y maquinaria, causando daños irreparables en las economías familiares, no siempre las compañías de seguros pueden compensar los efectos del delito, “ni los que roban se frenan a la hora de llevarse objetos solo porque sea imposible su restitución o aseguramiento”.

Con todo esto, para Fúnez y Belda la mayor muestra de debilidad de la política del Ministerio del Interior es que muchas corporaciones locales, municipales y provinciales han de dedicar recursos propios para efectuar labores policiales de vigilancia y prevención, “derivando hacia este cometido fondos que podían dedicarse a otras finalidades más centradas con su ámbito competencial”, y lamentan que la sustitución de la “ineficacia” del Gobierno llegue incluso a la esfera privada, habiendo explotaciones que deben contratar a vigilancia de seguridad personal o servicios de alarmas perimetrales o de edificación, “sumando un coste más a las economías domésticas o de las explotaciones rurales”, han finalizado.