Grupo Diputación Provincial

 

Con motivo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de C-LM.

 

maria_jesus_rp_26abril2012* En alusión a la responsabilidad del Presidente y Vicepresidente de la Diputación Provincial


* Los puestos fueron creados para recolocar a exdiputados socialistas.


Alcázar.- La diputada del PP, María Jesús Pelayo ha manifestado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-LM) ha dejado en evidencia que la actual gestión de Nemesio de Lara está impidiendo que existan funcionarios o personal laboral en los puestos de las áreas afectadas, así como que esos puestos “se crean con predeterminación para los políticos que deben ser recolocados después de no haber ganado las elecciones” en los municipios en los que se presentaban.

El citado documento judicial añade que “se corre el peligro de que las funciones se puedan desempeñar por personas carentes de la preparación oportuna”.

Pelayo ha dudado de que este proceso se haya hecho bien y aunque el presidente de la Diputación ha señalado que el Partido Popular también tiene asesores, la diputada popular Pelayo ha recordado que “la Ley permite tener asesores, pero lo que no tiene sentido ni explicación es el galimatías que han hecho para colocar a estas seis personas porque ya no los podía poner como asesores porque ya tenían ocho” y “además lo hacen con el dinero de los castellano-manchegos, sin importarles vulnerar los derechos fundamentales ni duplicar funciones ni sueldos. Esta es la manera de actuar del Partido Socialista y de agradecimiento a los que han perdido”.

Por todo ello, tanto el PP de Alcázar de San Juan como el Grupo Popular en la Diputación solicitan tanto al presidente de la institución, Nemesio de Lara, como al vicepresidente, José Fernando Sánchez Bódalo, “artífice de todo esto”, que “sean capaces de rectificar”, ya que sucedido es “un escándalo jurídico por gratificar a los que han perdido en la agencia de colocación que han convertido la Diputación, porque con acciones así no se consigue dignificar las instituciones”. Por eso piden que estas contrataciones “se declaren nulas”.


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