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Participa en el Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Mayores

8 febrero 2017.- España es uno de los primeros Estados miembros en cumplir las orientaciones de envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional establecidas por la Unión Europea. Así lo ha afirmado Carmen Quintanilla, vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores ESU, en el transcurso del Comité Ejecutivo que tiene lugar en Bruselas.

Quintanilla ha puesto en valor el papel que las personas mayores tienen en España, señalando que en nuestro país hay actualmente 8.344.946 personas mayores de 65 años, lo que supone el 18% de la población y se prevé que en 2050 alcancen la cifra de 16’45 millones, lo que supondrá el 37’61% de la población. A pesar de esta situación, Quintanilla ha indicado que una de las primeras medidas que tomó el Gobierno del PP en 2013 fue garantizar la subida mínima de las pensiones, que se encontraban congeladas en el año 2011 con el Gobierno Socialista, y que se han ido revalorizando a lo largo de estos años.

También ha destacado el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con las mujeres y con la igualdad ya que desde enero de 2016, en virtud de la propuesta recogida en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, 125.000 mujeres que se jubilan ven incrementada su pensión un 5% si han tenido 1 o 2 hijos, un 10% si ha tenido 3 y un 15% si ha tenido 4 o más hijos.

Quintanilla ha señalado que la cuantía de la pensión íntegra no contributiva ha pasado de 4.866’4 en 2011 a 5.136’6, un 5’5% más. El número de pensionistas no contributivos ascendió en 2015 a 453.547 frente a los 447.963 que había en 2011.

La vicepresidenta de la ESU ha indicado que la atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad se ha reforzado en España, destinándose casi 200 millones de euros, en los últimos tres años, a la atención de estas personas, a través de subvenciones del IRPF.

Del mismo modo Carmen Quintanilla se ha referido a que el Gobierno ha aprobado el marco de Actuación para las Personas Mayores, consensuado con más de 100 entidades. Se trata de un documento que convierte a España en uno de los primeros Estados Miembros en cumplir las orientaciones de envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional establecidas por la Unión Europea.


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