En la reunión de la Comisión de Igualdad y no Discriminación del Consejo de Europa celebrada en París

La diputada nacional del PP por Ciudad Real y presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Quintanilla, pide a los 47 países miembros del Consejo de Europa que regulen nuevas prácticas más innovadoras en la tutela de las personas con discapacidad en la presentación del memorándum del informe “Igualdad e Inclusión de las Personas Discapacitadas” del que es ponente en la reunión que ha celebrado en París la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la que es también vicepresidenta.

En su intervención, Quintanilla ha recordado que en los últimos años se ha producido un avance considerable en el marco legal sobre los derechos de las personas con discapacidad en los distintos países del Consejo de Europa y a nivel mundial a través de la Convención de 2008 aprobada por Naciones Unidas, que es el instrumento de referencia y que, según ha pedido también, debe ser ratificado lo antes posible por todos los países miembros del Consejo, desde el lema establecido por el propio Convenio e incorporado por las asociaciones de personas con discapacidad: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Sin embargo, quedan aún cuestiones que presentan aún diferencias y cierta dificultad como por ejemplo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En este sentido, la diputada popular ciudadrealeña ha señalado que “sin capacidad jurídica, una persona no puede seguir desempeñando sus propios derechos ya que es un tercero el que decide por ella y, además, la eliminación de la capacidad jurídica de una persona supone su muerte civil, no puede elegir su tratamiento médico, no puede votar, no puede casarse y no puede administrar sus bienes”.

En estos casos, según ha explicado Carmen Quintanilla, “en la mayoría de los países miembros del Consejo de Europa existen sistemas de tutela que varían dependiendo del grado de capacidad de la persona, pero no siempre es el caso”. Estos sistemas, ha añadido, son rechazados por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y muchas asociaciones y piden que los estados regulen estos mecanismos de una forma más innovadora y respetuosa con nuevas fórmulas que estén enfocadas a ayudar en la toma de decisiones a las personas con discapacidad más que a incapacitarlas legalmente, como por ejemplo la figura del defensor del pueblo (ombudsmans) personal en Suecia o los acuerdos de representación que existen en Canadá.