En el Pleno del Congreso de los Diputados

- Señala que esta norma surge del informe CORA que ha demostrado que las reformas en las Administraciones han ahorrado más de 20.200 millones de euros y han suprimido 2.194 entes públicos innecesarios
- Destaca el respaldo de la OCDE y otros organismos internacionales a las reformas en el sector público que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy
- Reprocha a PSOE, IU y CiU que “sus enmiendas recurran a los mismos tópicos de la izquierda y el nacionalismo de siempre, formados al comienzo de la Legislatura, a los que no renuncian pese a que la realidad les deje sin argumentos”

25. junio. 2015.- El diputado nacional por Ciudad Real y portavoz adjunto en la Comisión de Administraciones Públicas, José Alberto Martín-Toledano, ha asegurado que “el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público responde a lo que reflejan todos los estudios sociológicos, que es que los españoles quieren que las Administraciones e Instituciones Públicas sean más eficientes, transparentes y austeras, y disminuya la burocracia y los trámites innecesarios”.

 “Esas mismas encuestas dicen que a los españoles tampoco les importa quien tenga las competencias, lo que les preocupa es que se les resuelvan sus problemas”, afirmó Martín-Toledano, quien añadió que “los ciudadanos también están preocupados por las desigualdades que provocan entre españoles la gestión de algunos servicios esenciales por parte de las Comunidades Autónomas”.

 Durante el debate de las enmiendas a la totalidad a esta iniciativa legislativa en el Pleno del Congreso, el portavoz popular reprochó a los grupos que las presentaron, PSOE, IU y CiU, de “recurrir a los mismos tópicos de la izquierda y del nacionalismo de siempre, formados al comienzo de la Legislatura, a los que no están dispuestos a renunciar pese a que la realidad les deje sin argumentos”.

 “Las enmiendas de IU, PSOE y CiU –aseveró- tienen algo en común, no dejan de ser un intento poco creíble y poco fundamentado de desacreditar este Proyecto de Ley y al mismo tiempo el conjunto de las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno en el sector público”.

 José Alberto Martín-Toledano lamentó que “estos grupos parlamentarios estén enfrentado a la opinión favorable de la OCDE y de otros organismos internacionales a esta norma”. “Todo hace indicar que lo hacen exclusivamente por interés partidario, por su estrategia de desgaste del Gobierno”, apuntó.

 En este sentido, el portavoz popular recordó que “este Proyecto de Ley surge de un estudio riguroso y fundamentado que dio como resultado el informe CORA, cuya presentación cuenta con el total respaldo de la OCDE y que ya ha generado importantes beneficios como consecuencias de las medidas de mejora ya aplicadas: “un ahorro de más de 20.200 millones de euros, la supresión de 2.194 entes públicos innecesarios y la firma de 292 convenios para evitar duplicidades”.

 DERECHO ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Por otro lado, José Alberto Martín-Toledano aseguró que “esta iniciativa legislativa atiende a la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado y al servicio de los ciudadanos”.

 “Se trata –indicó- de establecer un nuevo régimen jurídico del sector públicos que pivote sobre tres ejes: una legislación básica aplicable a todas las Administraciones que dé coherencia a todo el sistema respetando las competencias autonómicas y locales, una legislación específica para la Administración General del Estado y una regulación sistemática de las relaciones internas entre las diferentes administraciones”.

 De esta manera, afirmó que “estamos cumpliendo nuestro deber de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos al dotarles de unas estructuras administrativas a su servicio, al servicio de la sociedad y no al servicio de las propias estructuras”.

 Por último, el portavoz popular destacó la labor de los empleados públicos en España que “son de primer nivel, altamente cualificados, y que funcionan como garantes del correcto funcionamiento de la legalidad y de la imparcialidad de las Administraciones Públicas”.