El candidato popular en Argamasilla Calatrava y el portavoz en la Diputación denuncian irregularidad en el Ayuntamiento
El PP ha presentado recurso contencioso administrativo ante la presunta ilegalidad cometida
• Es práctica habitual en los Ayuntamientos prorrogar los contratos con las empresas concesionarias del servicio de agua, pero lo de Argamasilla de Calatrava es totalmente distinto y puede incurrir en ilegalidad puesto que cede y amplia el contrato a una tercera empresa diferente de la que prestaba el servicio hasta ese momento sin abrir un procedimiento de adjudicación con publicidad y libre concurrencia.
31. marzo. 2011.- Manuel Tabas, Candidato popular en Argamasilla de Calatrava afirmó que el PP ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la presunta ilegalidad cometida por el Ayuntamiento de la localidad en el asunto del contrato de prestación de servicio de suministro de agua.
El PP ha presentado recurso contencioso administrativo ante la presunta ilegalidad cometida
• Es práctica habitual en los Ayuntamientos prorrogar los contratos con las empresas concesionarias del servicio de agua, pero lo de Argamasilla de Calatrava es totalmente distinto y puede incurrir en ilegalidad puesto que cede y amplia el contrato a una tercera empresa diferente de la que prestaba el servicio hasta ese momento sin abrir un procedimiento de adjudicación con publicidad y libre concurrencia.
31. marzo. 2011.- Manuel Tabas, Candidato popular en Argamasilla de Calatrava afirmó que el PP ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la presunta ilegalidad cometida por el Ayuntamiento de la localidad en el asunto del contrato de prestación de servicio de suministro de agua.
Tabas indicó que en enero de este año se convocó al grupo popular a
comisión informativa para tratar de la prórroga del contrato del
servicio de agua con Aquagest, que había hecho una oferta de 495.000
euros en 25 años de duración. Cinco días después se celebra pleno
municipal y el punto tratado ya no es la prórroga del servicio sino la
cesión a una empresa, en este caso Aguas de Puertollano, presidida por
el alcalde de Puertollano. El candidato popular indicó que se observan
defectos de forma, como que no se ha respetado el plazo de ejecución,
aún en vigor, se ha ocultado información a la corporación y no se
indica la deuda que debe compensarse. Para Tabas resulta sorprendente
las prisas del alcalde, que no se presenta a la reelección, por que se
lleve a cabo esta irregularidad.
Martín-Toledano, portavoz en la Diputación, indicó que se comete una presunta ilegalidad ya que se lleva a pleno un asunto que no ha sido tratado previamente en Comisión, puesto que en Comisión se habla de prórroga y en el pleno se habla de cesión, cuestiones muy diferentes, y lo que se aprueba en pleno no es lo tratado en Comisión. Toledano destaca que no hay procedimiento concursal para dar el contrato a una empresa.
Toledano indica igualmente que es la propia Aquagest la que después de presentar su oferta para la renovación pide que se de el contrato a una empresa diferente, de la que ella forma parte en sólo un 49%. El popular muestra su sorpresa ante este hecho que califica de anormal, ya que no se abre ningún proceso informativo ni se realiza ningún tipo de oferta por otras empresas.
Tabas indicó que en la propia oferta de Aquagest no concretaba determinadas cuestiones, como que había una deuda de 195.980 euros sin que el Ayuntamiento haya aclarado por qué conceptos se contrajo la misma.
Toledano manifestó que el propio PSOE ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Diputación, ante lo que sospecha sea algo irregular y no tiene ninguna duda que este informe será negativo. El portavoz popular lamenta que ese informe no se haya pedido antes de que el pleno tomara la decisión que tomó y el PP interpusiera el recurso contencioso-administrativo.
El portavoz popular explicó que es práctica habitual en los Ayuntamientos prorrogar los contratos con las empresas concesionarias del servicio de agua, pero lo realizado por el Ayuntamiento de Argamasilla, es totalmente distinto y puede incurrir en ilegalidad puesto que cede y amplia el contrato a una tercera empresa diferente de la que prestaba el servicio hasta ese momento sin abrir un procedimiento de adjudicación con publicidad y libre concurrencia.
Martín-Toledano, portavoz en la Diputación, indicó que se comete una presunta ilegalidad ya que se lleva a pleno un asunto que no ha sido tratado previamente en Comisión, puesto que en Comisión se habla de prórroga y en el pleno se habla de cesión, cuestiones muy diferentes, y lo que se aprueba en pleno no es lo tratado en Comisión. Toledano destaca que no hay procedimiento concursal para dar el contrato a una empresa.
Toledano indica igualmente que es la propia Aquagest la que después de presentar su oferta para la renovación pide que se de el contrato a una empresa diferente, de la que ella forma parte en sólo un 49%. El popular muestra su sorpresa ante este hecho que califica de anormal, ya que no se abre ningún proceso informativo ni se realiza ningún tipo de oferta por otras empresas.
Tabas indicó que en la propia oferta de Aquagest no concretaba determinadas cuestiones, como que había una deuda de 195.980 euros sin que el Ayuntamiento haya aclarado por qué conceptos se contrajo la misma.
Toledano manifestó que el propio PSOE ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Diputación, ante lo que sospecha sea algo irregular y no tiene ninguna duda que este informe será negativo. El portavoz popular lamenta que ese informe no se haya pedido antes de que el pleno tomara la decisión que tomó y el PP interpusiera el recurso contencioso-administrativo.
El portavoz popular explicó que es práctica habitual en los Ayuntamientos prorrogar los contratos con las empresas concesionarias del servicio de agua, pero lo realizado por el Ayuntamiento de Argamasilla, es totalmente distinto y puede incurrir en ilegalidad puesto que cede y amplia el contrato a una tercera empresa diferente de la que prestaba el servicio hasta ese momento sin abrir un procedimiento de adjudicación con publicidad y libre concurrencia.
